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La falta de acuerdos de extradición puede dificultar la persecución de criminales que se refugian en estos países. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la falta de acuerdo no implica necesariamente que no se pueda llevar a cabo la extradición.

Lo primero que tenemos que advertir es que no toda la fase procesal que vamos a explicar está cubierta por la regulación del CEEx, sino que debido a las lagunas legales que deja este Convenio, hay partes del proceso regulados de forma subsidiaria por la Ley Española four/eighty five de Extradición Pasiva de 21 de marzo (LEP). Cuando esto ocurra lo señalaremos expresamente.

Un ejemplo de la importancia de los acuerdos bilaterales de extradición es el caso de España y Estados Unidos.

Los factores que se consideran para conceder la extradición incluyen la gravedad del delito, la evidencia presentada, la existencia de un tratado de extradición, la protección de los derechos humanos y la posibilidad de que la persona sea sometida a tortura o pena de muerte.

Igualmente, hay que fijarse cómo generalmente el país requirente suele acompañar a la petición de extradición  una declaración unilateral donde se compromete a cumplir en el tratamiento del ciudadano con todos los estándares de protección de los derechos humanos conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos, así como para permitir el libre retorno a nuestro país una Inglaterra Política de extradición actualizada vez que dicha persona haya cumplido con sus responsabilidades penales.

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Proceso de transferencia de condenados: Si una persona ya ha sido condenada en ausencia en uno de los países, es posible que se pueda solicitar su transferencia al país que lo solicita para que cumpla su condena.

Durante el proceso de extradición, la persona a extraditar tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

Esta falta de acuerdo de extradición puede ser un obstáculo para la justicia, ya que dificulta la posibilidad de llevar a los presuntos delincuentes ante los tribunales españoles. Sin embargo, existen alternativas y mecanismos legales que permiten superar esta limitación.

Por su parte, la Ley de Extradición establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de extradición para ser consideradas procedentes. Entre ellos, se encuentra la necesidad de que la conducta por la que se solicita la extradición sea considerada un delito tanto en el país solicitante como en Guatemala.

Se han establecido salvaguardias adicionales para garantizar que las personas reclamadas tengan acceso a un juicio justo y que no se les someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En todo procedimiento en el que exista orden de prisión preventiva o sentencia en contra de una persona que se encuentre prófuga, es una opción para la justicia ecuatoriana solicitar su extradición.

Esta figura legal no es nueva para el país, pese a que recién en el 2000 se creó como tal una ley que la regule. Ecuador ha firmado desde 1872 un full de seventeen tratados de extradición bilaterales y unos cinco multilaterales.